El anuncio del gobierno puertorriqueño de dejar la vía libre para que el tribunal estadounidense en la isla juzgue a sospechosos de cometer delitos que conlleven la pena de muerte ha encendido la polémica.
La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte (CPCPM) rechazó la nueva política pública adoptada sobre los casos de pena de muerte federales.
La acción del gobernador Luis Fortuño pondría fin a una directriz de la pasada administración de que el Departamento de Justicia local mantenga la potestad en aquellos casos en los que las autoridades estadounidenses rehusen comprometerse a no solicitar la pena de muerte para los acusados si resultan culpables.
"No se va a mantener esa directriz, aunque yo me opongo a la pena de muerte por principios morales... Nosotros no vamos a estar discerniendo, ni parando el proceso (federal). Aquí el trabajo se va a hacer para parar la ola criminal", sostuvo Fortuño tras una reunión con titulares de agencias estadounidenses en la isla.
Según explicó la coordinadora general de la CPCPM, Carmen González Arias, al periódico puertorriqueño El Vocero, esto ocurrió tras el anuncio del Departamento de Justicia de derogar la anterior política adoptada en 2008, como parte del programa del Gobernador Luis Fortuño, pese a ajustarse a la voluntad constitucional de Puerto Rico.
A juicio de González, esta derogación significa una renuncia del Gobierno a sus obligaciones constitucionales y un menosprecio total al derecho a la vida consagrado en su Carta de Derechos. Agregó que "se trata de un asunto que será sometido a los vaivenes de la política partidista".
Las normas adoptadas en 2008 incluían los casos de "carjacking" en cortes estatales, en lugar de renunciar voluntariamente a favor de la jurisdicción federal donde los acusados son procesados para pena de muerte.
La posición de Fortuño
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe expresamente la pena de muerte, pero la ley federal de pena de muerte de 1994 tiene supremacía sobre la Carta Magna local. Ningún jurado de puertorriqueños ha impuesto la pena capital en casos que se han visto en la corte federal.
La pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá estableció varias medidas dirigidas a hacer más enérgica y firme su oposición a que a los puertorriqueños se les aplique la pena de muerte en el sistema judicial estadounidense.
Entre esas medidas figura que el Departamento de Justicia local no acceda a la petición de la fiscalía estadounidense de renunciar a su potestad en los casos de sospechosos de haber matado a una persona en medio de un robo de automóvil a mano armada, delito que podría conllevar la pena capital en la esfera federal.
Fortuño sostuvo que mientras no se enmiende la ley estadounidense que permite al Estado ejecutar convictos de ciertos delitos, "ellos (los fiscales federales) van a tener todo mi apoyo"
¿A usted que opinión le merece la pena de muerte?
Vea mas sobre la pena de muerte en la Universidad de Costa Rica:
Pena de muerte: una tramposa decisión
Boletín Presencia Universitaria - domingo, 08 de febrero de 2009
Boletín Presencia Universitaria - domingo, 08 de febrero de 2009
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ResponderEliminarThanks
Me parece que la pena de muerte es una posibilidad de poner orden en el medio del caos o en una guerra donde reina el caos pero en la sociedad me parece atroz que se generalice y se tome con liviandad estos temas. Por si o por no , ese no es el caso sino que hay que evaluar las personas que viven en este mundo y juzgar la maldad que va más alla de los actos. No evaluar los actos de crueldad sino las personas que son crueles y que odian.
ResponderEliminarLa única forma de evaluar a las personas es por sus actos.
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