Caso haitiano, Carta de legisladores dominicanos, cuando la victima se convierte en victimario

Aquí les dejo la carta de algunos legisladores dominicanos dirigida al señor Pedro J. Ramírez Jiminián, director del periódico español El Mundo, por un articulo publicado en ese diario llamado "La batalla final contra la esclavitud" que, según los legisladores, "está afectando profundamente el prestigio, bien merecido por su historia, de nuestra nación".

El caso de los inmigrantes haitianos en Dominicana es el mas simpatico de todos, la RD gasta solo en la salud de los haitianos ilegales alrededor de $16 millones de dolares anuales (580 millones de pesos), según estimados de Salud Publica, le da empleo a mas de 2 millones de ilegales que en su país no podrían tenerlo, etc, pero somos los malos de la película. Es lo que podríamos llamar, cuando la "víctima se convierte en victimario".


Lea el texto de la carta de los legisladores:


“Leyendo uno de los escritos del señor Paco Rego en su suplemento Crónica del periódico El Mundo, cada vez estamos más convencidos sobre la causa que ha originado tanta con fusión en la comunidad internacional en lo que respecta a sus relaciones con Haití.
Desde hace diez años, nuestro país ha sido sometido a una despiadada campaña de descrédito ejercida desde afuera y desde adentro. Esta campaña está afectando profundamente el prestigio, bien merecido por su historia, de nuestra nación. Y si no la enfrentamos con la verdad, generará, como ya se vislumbra consecuencias económicas y sociales devastadoras para nuestro pueblo.
Hay un grupo, no grande, de ciudadanos dominicanos, haitianos y de otras nacionalidades, que se han dado a la tarea de denigrarnos y de poner como norma los casos aislados tanto de los inmigrantes haitianos como dominicanos. Uno de ellos es al que ustedes hacen alusión en su artículo como librador de la batalla final contra la esclavitud en la República Dominicana y al cual, partiendo de sus afirmaciones, tendremos que darle un lugar en nuestro altar de la Patria y desmontar a nuestros ilustres Duarte, Sánchez y Mella.
Basta un corto viaje por el libro de historia más elemental para comprender que la Reforma Constitucional en la cual estamos sumergidos en este momento y la inclusión en la misma de un artículo que evoca la abolición de la esclavitud, no son fruto de ningún acto ni declaraciones desafortunadas de un sacerdote con ínfulas de grandeza que ahora cree poder influir en las decisiones del Congreso Nacional en la persona de 178 diputados y 32 senadores.
La abolición de la esclavitud en la República Dominicana no es nada nuevo. La misma fue declarada, precisamente por el gobierno ocupacionista haitiano, en el año 1822, y desde ese momento la misma no se ha reinstaurado. Este hecho se ve reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París, en el Palacio de Chaillot, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948. Cuarenta y ocho países aprobaron la Declaración, y uno de ellos fue la República Dominicana, reafirmando la abolición de la esclavitud según el artículo 4 de dicha declaración. La República Dominicana es, además, signataria de los distintos convenios de Naciones Unidas relativos a esclavitud, trabajo forzado, trata de personas y tráfico de indocumentados, desde 1973 y 1992, respectivamente.
Hemos decidido incluir de manera formal en nuestro texto constitucional la abolición de la esclavitud, pero no debe ser tomado nunca como una primera declaración de abolición de la misma, pues desde la primera Constitución de la República en 1845 hasta la que está actualmente vigente en 2009, el principio persiste. Pensemos que en España aún la Constitución no habla del tema. ¿Significa esto entonces que en la Madre Patria no se ha abolido la esclavitud?
Es indudable que hay sectores muy minoritarios que actúa de modo incorrecto pero en una proporción mucho más pequeña que lo que ocurre en países más avanzados. No ha habido en este país ningún líder político que haya adquirido respaldo importante luego de hacer planteamientos en contra de los inmigrantes, sino todo lo contrario. Sin ánimos de ofensas, aquí nunca ha habido un Jean Marie Le Pen, que quedó en segundo lugar en las preferencias electorales de los franceses, ni tampoco hemos tenido segregación racial en las escuelas, como lo hubo por casi cien años, en la noble nación americana.
No contamos tampoco con un personaje siquiera parecido a Jörg Haider, el político más polémico y relevante de Austria durante dos décadas, gobernador del estado de Carintia, ya fallecido, pero que basó su vertiginosa carrera en un discurso nacionalista y radicalmente derechista, de defensa de lo austriaco y en contra de la inmigración, aderezado con cierta ambigüedad respecto al pasado nacionalsocialista, por todo lo cual fue ampliamente calificado de populista, xenófobo y filonazi, provocando un escándalo internacional y las sanciones temporales de la UE cuando se asoció al gobierno del Partido Popular de W. Schussel.
Mucho menos una comunidad como la del Ejido, en España, donde durante tres días y dos noches, se desarrolló una protesta xenófoba y racista en la que se enarbolaron pancartas que dejaban traslucir la difícil convivencia entre la población autóctona de la comarca y el colectivo de inmigrantes. En esta protesta la policía brilló por su ausencia, y cuando apareció lo hizo en pocas unidades comparado con el gran número de manifestantes racistas. Y ni hablar de Tenerife. ¿Qué hace España cuando les llega un cayuco que eleva a 419 los inmigrantes detenidos en sólo 24 horas?
Contrario a todo esto, se ha evidenciado la enorme solidaridad que ha tenido el pueblo dominicano con el pueblo haitiano, especialmente en los últimos diez años, donde por la falta de ayuda exterior a Haití, entre otras razones, ha aumentado el número de inmigrantes en casi el doble. La República Dominicana ha sido la gran fuente de empleos que mantiene n a miles de familias haitianas tanto en la República Dominicana como más allá de nuestras fronteras con Haití.
El pueblo dominicano tiene una carga propia, y una carga ajena, sin estar recibiendo una solidaridad tan generosa como la que Estados Unidos, a través del Plan Marshall, le dio a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco nada parecido al extraordinariamente magnánimo plan (de decenas de decenas de billones de euros) que la mancomunidad europea le ha dado u les está dando a los países que se han integrado a esta gran institución (UE). Entonces, no nos hagamos eco de una voz que lo único que busca es una canonización basada en la mentira y en la calumnia y cuyo ego personal le ha hecho creer que puede influir en la decisión de gobiernos y legisladores.
Entendemos que el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión, pero por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión debe ser ejercido de manera responsable.
Sabemos que la campaña de descrédito contra la República Dominicana alrededor del mundo no se detendrá, pues los objetivos finales no han sido alcanzados aún, pero decir que una persona ajena a nuestra vida institucional ha influido en decisiones de la Asamblea Nacional Revisora, por encima de las nuevas tendencias constitucionales en América latina y Europa, y por encima de los tratados internacionales firmados hace ya más de 60 años, es un exceso y no podíamos guardar silencio.
Sin más que tratar, con sentimiento de alta consideración y estima, se despiden los abajo firmantes, todos legisladores y asambleístas de la República Dominicana”.



Charles Marrioti Tapia (PLD-Monte Plata), Amarilis Santana (PLD-La Romana), Antonio De Jesús Cruz Torres(PLD-Santiago Rodríguez), Luis René Canaán Rojas (PLD-Hermanas Mirabal), Félix María Nova Paulino (PLD-Monseñor Nouel), Alejandro Williams (PLD-San Pedro de Macorís), Almícar Romero (PLD-Duarte), Juan Roberto Rodríguez Hernández (PRD-El Seybo), Diego Aquino Acosta Rojas (PLD-Bahoruco), César Díaz Filpo (PRD-Azua), Jesús Vásquez Martínez (PRD-María Trinidad Sánchez), Francisco Radhamés Peña Peña (PLD-Valverde), Euclides Rafael Sánchez Tavarez (PLD-La Vega), Wilton Bienvenido Guerrero Dumé (PLD-Peravia), Heinz Vieluf Cabrera (PLD-Montecristi), Rubén Darío Cruz Ubiera (PLD-Hato Mayor), Andrés Bautista (PRD-Espaillat), Noé Sterling Vásquez (PRSC-Barahona), Adriano de Jesús Sánchez Roa (PRSC-Elías Piña), Prim Pujals Nolasco (PLD-Samaná), Germán Castro García ( PRSC-La Altagracia) y Francis Vargas (PLD-Puerto Plata); así como por los diputados Juan Suazo Marte (PLD-Monte Plata), Víctor O. Bisonó Haza (PRSC-D.N.), Marino Mendoza (PRD-San Cristóbal), Rafael Calderón (PRD-Azua), Pelegrín Horacio Castillo Semán (FNP-D.N.), Ramón Cabrera (PLD-Santo Domingo), Juan C. Quiñones (PLD-Puerto Plata) y Alfredo Martínez (PLD-Santo Domingo).