domingo, febrero 25, 2007

España: la moral, al despeñadero

Como forma llamar a la reflexión a los amigos que me honran leyendo estas páginas llena de todas las tonterías que se me ocurren, les voy a dejar la opinión del periódico español ABC.es de España, titulado El TC y los profesores de Religión, en torno a lo que se podria decir el interés del gobierno de JLRZ de oponerse a una disposición del Tribunal Constitucional que tiende a corregir las distorsiones que poco a poco van introduciendo en la sociedad española el "sedicente progresismo laico", que poco a poco se va constituyendo en el despeñadero moral de España: cito:

El TC y los profesores de Religión
LA sentencia del TC que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa a una disposición adicional de la Logse y a ciertos preceptos del acuerdo España-Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales está provocando una polémica alimentada de forma artificial. En nombre de un sedicente progresismo, algunos sectores laicistas se rasgan las vestiduras, hablan de la Inquisición y del nacionalcatolicismo y crean así una confusión interesada. El TC ha cumplido con estricto rigor las funciones que le corresponden como garante de la adecuación del conjunto del ordenamiento a la norma fundamental. El intérprete supremo no ha entrado a resolver el problema de fondo, porque no le corresponde hacerlo, remitiéndose al órgano jurisdiccional competente, esto es, la Sala de lo Social del citado Tribunal Superior. Lo que afirma el TC (y así lo reitera en la «nota aclaratoria» que se ha visto obligado a emitir ante el revuelo suscitado) es que los acuerdos Iglesia-Estado dejan un margen a la Iglesia para evaluar la idoneidad de los profesores de Religión. Así pues, admite -en abstracto, y no en referencia al caso concreto- que se les requiera un «testimonio personal» de fe para otorgarles la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI). A partir de ahí, sobra la polémica sobre la vida privada de la profesora afectada, que nada tiene que ver con esta sentencia y que en ningún momento es objeto de valoración.
Tal vez la clave del asunto reside en esta distinción. Al amparo de un supuesto laicismo que no se corresponde con el artículo 16 de la Constitución, un determinado sector de la izquierda pretende imponer una moral social que se llama así misma «progresista». El TC no cae en la trampa de proclamar los valores materiales que algunos intentan generalizar como si fueran un dogma constitucional, y de ahí las críticas fuera de lugar que provoca la sentencia. La Constitución establece con todo rigor que ninguna religión tendrá carácter estatal y añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta decisión constituyente es acorde con los convenios firmados entre la Iglesia y el Estado, cuya naturaleza de tratados internacionales los convierte en plenamente vinculantes en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Dicha compatibilidad ha sido reiteradamente declarada por el TC, por lo que resulta insólito que algunas instancias partidistas o de opinión se atribuyan una autoridad que no les corresponde para afirmar en tono dogmático que son «inconstitucionales».
Cualquier pretexto sirve cuando se tiene la intención de promover un escándalo ficticio. La profesora afectada está en su derecho de llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero de momento quien debe pronunciarse es la jurisdicción laboral, puesto que la sentencia que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad solo decide -en este caso, positivamente- acerca de la compatibilidad entre la Constitución y la norma con rango de ley de cuya validez depende el fallo. Corresponde ahora a la instancia, en pleno ejercicio de su función jurisdiccional, interpretar y aplicar la norma a la pretensión formulada por la docente. En este contexto, las referencias a un Estado «policial» para los profesores de religión y la acusación a los obispos de un «talibanismo» católico se descalifican por sí mismas.
El TC ha abordado en otras ocasiones problemas análogos con una jurisprudencia muy matizada, por ejemplo respecto del deber que incumbe a los profesores de un centro educativo de titularidad privada de respetar el ideario del mismo. Los profesores de Religión (católica o cualquier otra) imparten una materia que implica una perspectiva específica ante los problemas morales y sociales. Ése es el genuino pluralismo que proclama la Constitución, propia de una sociedad moderna que dejó atrás, por fortuna, cualquier imposición dogmática aunque ahora se disfrace de progresismo

Agrego yo ahora, por eso es que el mundo esta como esta, cada día hay mas asaltos, violaciones, muertes, aberraciones sexuales, etc., pero tiene que ser así porque los que nos dirigen no tienen claro que la única fuente de sabiduría para gobernar un país es el temor a Dios.

España bajo el rectorado de principios tradicionales, como estado aconfesional que es, se ha convertido en poco tiempo en uno de los países que mas progreso ha verificado en los últimos tiempos, pero este progreso ha traído consigo también un ocio devastador que esta corroyendo la sociedad y que ha puesto a pensar a una serie de personas desprovista de principios morales, vacíos de espiritualidad, sin objetivos claros en la vida, agrupados en organizaciones laicas y otras de gay y lesbianas, a los que les molesta el progreso español y quieren inventar un nuevo camino que le convenga a sus ideas (o a sus aberraciones sexuales en el caso de los segundos).

Mire que es lo que dice el Tribunal Constitucional, segun el periodico Hispanidad. que incluso ha provocado que el gobierno piense del alguna forma denunciar, por boca de la vicepresidente De la Vega, el acuerdo del estado con la iglesia:

1. El Gobierno está obligado constitucionalmente a cooperar con las confesiones religiosas para facilitar la enseñanza de la religión, entre otros asuntos.
2. Las confesiones religiosas tienen derecho a calificar la idoneidad de sus profesores de religión, en una relación donde no existe sólo capacidad, sino confianza.
3. Esta libertad de las confesiones religiosas tiene límites y esos límites son los derechos humanos.
4. Una vez que el profesor de religión es “habilitado” por la confesión religiosa, su relación laboral con la administración es constitucional y gozará de todos los derechos como cualquier trabajador


¿Dónde esta el pecado que provoca la conducta del gobierno?

Prefiero un millón de veces a la España tradicionalmente católica, aunque soy protestante, a la laica y vacía de espíritu (iba a decir otra cosa mas dura) por la que propugnan los ociosos progresistas de nuevo cuño.

Que me perdonen los españoles verdaderamente progresistas, por las duras palabras que uso contra su patria, (la madre patria) pero en el espejo español, veo el futuro del mundo.

Al final, decia Alexis Carrel:
El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe

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